Estamos ante un gobierno antipopular y antidemocrático, que no escucha la voluntad mayoritaria expresada por la ciudadanía en sus constantes protestas. No se detiene ante nada. ni ante nadie a la hora de cumplir con las imposiciones de la Troika y los beneficios de la especulación bancaria, no le importa quien caiga, ni que se pierda en el camino.
El PP de Mariano Rajoy ha llegado al poder y se mantiene en él a través del fraude y la mentira. Afirmó en campaña electoral que no tocarían nuestros servicios sociales fundamentales: la Sanidad, la Educación y la Dependencia, y que las acusaciones que les hacían, de que esas eran sus intenciones, pues ya lo estaban haciendo donde gobernaban, eran puras insidias de la oposición.
Aunque los dirigentes del PP presentan sus recortes como reformas estructurales necesarias o como racionalización de servicios, estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo y planificado del escaso Estado del bienestar que consiguió crear nuestro país tras la llegada de la democracia. No se trata de ahorrar, sino de convertir en asistenciales los servicios públicos, para abrir nichos de negocios para fondos de inversión extranjeros o corporaciones afines, como la Iglesia católica, a cambio, como siempre de asegurar a estos legisladores un beneficio particular en el presente, sobresueldos, o en el futuro, entrando a formar parte como altos ejecutivos de los consorcios beneficiados, siempre les quedará Telefónica o Repsol.
Un cambio de modelo de sociedad siempre ha venido acompañado de un cambio de modelo educativo, según el futuro que se quiere conseguir, así se educa a nuestros hijos en el presente. La LOMCE, la ley WERT, es la vuelta al pasado, al sistema educativo vigente en los años 50, con clases saturadas de niños, maestros extenuados y aprendizajes memorísticos. A finales del franquismo las revalidas se quitaron porque reducían el número de personas que podían acceder a los estudios superiores, pero ahora vuelven.
Quien pueda pagar podrá costear a sus hijos una educación de calidad, quien no pueda pagar no. Ya no dependerá tan solo del esfuerzo que sea capaz de realizar un estudiante, sino que sus condiciones socioeconómicas de partida serán determinantes a la hora de poder seguir sus estudios o no. El que la religión gane peso convirtiéndose en una asignatura más, el que las materias que fomentan la creatividad y el pensamiento autónomo se reduzcan significativamente en el currículo, no está hecho para que nuestros hijos sepan más matemáticas, geografía o lengua y saquen mejores resultados en las pruebas externas que evalúan la calidad del sistema.
Eramos uno de los países de la Europa 15 que más baja inversión tenía en educación e investigación y desarrollo, cuando "las cosas iban bien", muchos jóvenes abandonaban masivamente nuestros centros educativos para irse a trabajar a la obra. La causa del abandono escolar, del fracaso educativo no estaban provocadas ni por la actual ley de educación, ni por la falta de formación o compromiso del profesorado, como se pretende hacer creer, esto se muestra claramente en la Comunidad Valenciana gobernada por la corruPPción desde hace 17 años, donde los índices de fracaso escolar han sido de los más elevados de todo el Estado, solo superados por Ceuta y Melilla, En nuestra Comunitat la reducción de la inversión en la educación pública ha sido notable, por un lado se malversaba el dinero que tenía asignado, los sobrecostes a los que se llegaron en la construcción de centros educativos, triplicaban lo que constaba una obra de este tipo en el resto del estado, mientras se siguen pagando alquileres millonarios por haber extendido el modelo de barracones, como seña de identidad de nuestro sistema educativo autonómico. Por otro lado, se ha aumentado la financiación pública que recibe la enseñanza privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, concediéndole todo tipo de privilegios, el último es la cesión de suelo público para que se hagan centros de enseñanza privados que serán concertados durante 75 años ampliables.
Los investigadores, y los jóvenes mejor formados se van de nuestro país, pero nuestro gobierno no pretende que regresen, sino que no volvamos a producir profesionales de talento. A la élite de poder y dinero que nos gobierna no le interesa ni el progreso económico, ni el desarrollo cultural de nuestro país, sino solamente mantener sus privilegios, para que los puedan heredar sus hijos.
Toda reforma educativa tiene como fin último generar un determinado tipo de sociedad, pero la reforma de Wert significa un claro retorno a ese pasado gris y casposo que creíamos haber superado tras la consecución de la democracia.
· PÚBLICO.
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J. A. AUNIÓN Madrid 3563
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