MANIFIESTO

Estimados compañeros, estimadas compañeras, amigos y amigas: Una vez más estamos todas y todos aquí, representantes de toda la comunidad educativa, padres y madres, alumnado y profesorado.

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic -integrada per FAPA-València, FAPA Castelló Penyagolosa, FAPA Enric Valor Alacant, CCOO, UGT, STEPV, CGT, CAVECOVA, Escola Valenciana, FAAVEM, SEPC, BEA, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica i ADIDE, nos convoca de nuevo ante otra agresión a la escuela pública. Nada nuevo al Pais Valencià, en el que llevamos años reclamando un cambio en la política educativa que nunca llega. Porque cada curso que pasa sufrimos recortes más drásticos y brutales en nuestras escuelas.Ahora tienen la excusa de la crisis, una crisis que nos hemos encontrado ahí y de la que no somos culpables. Una crisis, que quizás convenga recordar, en nuestro territorio la sufrimos con mayor virulencia por la mala gestión del gobierno valenciano que ha hecho que las arcas estén vacías.

En estos momentos:-Hay familias que no han cobrado la beca de los libros de secundaria.-Hay institutos que no pueden pagar la luz y cuando llegue el invierno no podrán pagar el gasoil de las calderas.-Las becas de comedor se han recortado y son limosnas.-El profesorado no sabe hasta dónde llegará el presupuesto para poder cobrar otro mes más, bueno, eso los que todavía están en plantilla…El anuncio de más recortes está ahí. El cheque escolar para pagar las escuelas infantiles que nunca llegaron, el bono libro que no se ha hecho extensivo para toda la educación obligatoria, las becas de comedor, etc. tienen sus días contados…Ahora una nueva agresión, si cabe más temible, nos amenaza. Es la privatización de la escuela pública. Es la cesión de suelo público para construir centros de iniciativa social. ¡¡¡Qué nombre tan bonito!!! Y sin embargo esconde tras de sí algo tan peligroso…Claro, la excusa es la de darle a los padres y madres la libertad de elección de centro (esto es algo que también suena muy bien), pero esa libertad de elección pasaría por tener una red pública en las debidas condiciones, con las instalaciones adecuadas y con todas las necesidades cubiertas y sería entonces cuando de verdad los padres tendríamos la oportunidad de elegir el centro para nuestros hijos e hijas.

Creo que llevamos demasiado tiempo saliendo a la calle, explicando todas las carencias que venimos sufriendo y posiblemente hemos perdido en el intento, la capacidad de reclamar esa escuela de calidad en la que creemos y que ahora está amenazada por la sombra de la privatización y los recortes presupuestarios. Pero ahora y aquí vamos a decirles a los políticos, a los que gobiernan y a los que están en la oposición, cómo es esa escuela pública que tenemos que defender porque es la que queremos y no otra. -Queremos una escuela pública plural, democrática y participativa que conocemos y valoramos. -Queremos esa escuela pública de calidad que es la única que puede evitar las desigualdades sociales. -Esa escuela pública que garantiza que todas y todos tengan la educación que merecen y con las mismas oportunidades. -Esa escuela pública que tiene un profesorado cualificado y bien preparado, vocacional y experto. -Esa escuela que llega al último rincón de nuestro territorio, garantizando que cualquier niño o niña, viva en una gran ciudad o en una aldea, tenga la misma oportunidad de formarse. -Sabemos exactamente qué es lo que queremos y por supuesto no aceptaremos que con la excusa de la crisis se apliquen recortes que implican el despido de muchos docentes, la reducción de los programas, el aumento de las ratios, etc. que afecta directamente a la calidad y equidad de la enseñanza que recibe el alumnado. -Queremos una educación pública donde el valenciano tenga un papel fundamental como herramienta de integración de todas las personas, sin distinción de territorio, condición o lugar de origen, y como garantía de igualdad de oportunidades. Tampoco aceptaremos que nuestra escuela se convierta en el negocio de algunos. No queremos que se privaticen nuestras escuelas. No queremos que se apliquen recortes en la educación.

NO A LOS RECORTES

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

NO A LA CESIÓN DE SUELO PÚBLICO PARA CENTROS PRIVADOS

NOTA DE PRENSA DE LA PERMANENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL

La permanente de la Junta de Personal Docente no Universitario de Valencia, en representación de los trabajadores y las trabajadoras de este ámbito, hemos decidido en reunión celebrada el 14 de noviembre de 2011 aprobó la siguiente resolución:

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La permanente de la Junta de Personal Docente no Universitario de Valencia, formada por los sindicatos STEPV, FE CCOO PV, CSIF, ANPE y FETE-UGT PV, con los votos a favor de STEPV, FE CCOO PV y FETE-UGT PV, en representación los trabajadores y las trabajadoras de este ámbito, hemos decidido en reunión celebrada el 14 de noviembre de 2011 MANIFESTAR NUESTRO RECHAZO A LOS RECORTES QUE LOS DIFERENTES GOBIERNOS (DE ESPAÑA Y DEL PAÍS VALENCIANO) ESTÁN REALIZANDO EN LOS RECURSOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , EN JUSTICIA, EN SANIDAD, EN EDUCACIÓN Y EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, Y ADHERIRSE A LAS MOVILIZACIONES que se produzcan EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL ESTADO DEL BIENESTAR.

Las políticas de consolidación fiscal y de reducción del déficit basadas en la contención del gasto que aplican los gobiernos europeos, junto a las orientadas a poder pagar una deuda pública asfixiante, no ralentizan la recuperación de la economía y la generación de empleo. Las políticas e inversiones públicas son necesarias para salir de la crisis porque invertir en servicios públicos es invertir en renta y en valor y desarrollo de las personas.

Una justicia y una sanidad pública, gratuita y universal es garantía de derecho y de calidad de vida. Los gobiernos deben garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva ya la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Una educación pública y de calidad es un derecho fundamental que sienta las bases del progreso económico y social de un país. Destinar recursos a la educación pública no es un gasto superfluo e innecesario, es una inversión de futuro. Los sistemas de protección social garantizan el bienestar de las personas más desfavorecidas y satisfacen sus necesidades más básicas sobre el principio de la universalidad de derechos y la igualdad de acceso.

Es necesario que los gobiernos reconozcan el fracaso estrepitoso de sus políticas orientadas exclusivamente hacia la reducción del gasto que agudizan la crisis y que afectan la calidad de los servicios públicos, garantía de la igualdad y de la cohesión social, y que avanzan hacia un modelo tributario solidario y progresivo que permita incrementar los ingresos públicos y que persiga el fraude fiscal. Porque el desequilibrio fiscal es injusticia social.

No podemos consentir que la crisis sirva de excusa para desmantelar el estado del bienestar. Las políticas de ajuste de los gobiernos español y valenciano están provocando la destrucción sistemática de empleo en las administraciones, mediante la amortización de plazas, la no renovación de contratos y nombramientos interinos, despidos del personal laboral y privatizaciones de servicios públicos. Los presupuestos de la Generalitat Valenciana profundizan en la política contraria a los servicios públicos. Además, se están recortando derechos laborales, al tiempo que se reduce el salario de las empleadas y los empleados públicos y se vulneran los acuerdos alcanzados, aunque la negociación colectiva es un derecho fundamental reconocido en la Constitución española.

Unas condiciones de trabajo dignas de las empleadas y los empleados públicos garantizan la calidad y eficiencia de los servicios que prestan y les dan el valor que se merecen, pues dignifican y profesionalizan el trabajo de los empleados y empleadas públicos.

Para tener unas administraciones ágiles, eficientes, que prestan servicios de calidad a la ciudadanía, es necesario avanzar hacia la formación y cualificación de los empleados y empleadas públicos, la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y personal, es decir hacia a unas condiciones de trabajo más dignas.

Por todo lo expuesto es por lo que manifestamos nuestro rechazo a los recortes en los recursos públicos y nos adherimos a las movilizaciones que se convoquen en defensa de los servicios públicos y del estado del bienestar.